Roberto Baradel, disertó este martes en la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la 122° Conferencia Internacional del Trabajo, donde se abordó el estudio general sobre los sistemas de administración del trabajo en todo el mundo, analizando el convenio N° 150 y la recomendación N° 158, que establecen un marco internacional de aplicación de las políticas laborales nacionales.

Destacó que la situación actual de la Argentina contradice la lógica del informe en estudio. “La nueva administración ha implementado su plan económico y social mediante normas de rango inferior, en clara violación a la Constitución argentina, es decir, ignorando al Poder Legislativo. En este sentido, se han multiplicado y propagado una serie de decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas, que analizadas en conjunto constituyen un plan sistemático de cambio del patrón de acumulación que beneficia a los sectores más concentrados de la economía y viola de forma sistemática derechos y garantías sociales que gozan de la más alta protección constitucional”, explicó ante cientos de representantes de los 187 Estados miembros de la OIT.

Luego señaló que “el actual Gobierno ha organizado reducciones en programas, eliminación de instituciones, desprendimiento de áreas dedicadas a los Derechos Humanos y desarrollo social y modificación de estructuras ministeriales dedicadas a la planificación federal, a la inversión pública, a la producción y a las políticas de empleo en general. Así como se ha degradado el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en una Secretaría, en conjunto con la falta de nombramiento de funcionarios públicos con firmas en las distintas Direcciones de la Administración del Trabajo. Al mismo tiempo, mediante del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, desreguló el comercio, los servicios y la industria, liberando la fijación de precios a los privados, lo cual ha resultado en la reducción de la oferta en el mercado interno y el inevitable aumento de los precios, afectando el nivel salarial real de los Trabajadores y las Trabajadoras”.

“Asimismo, mediante el DNU 84/23 el Poder Ejecutivo Nacional ha destruido el empleo público con más de 20 mil despidos, cifra que sigue en aumento; desmantelando la administración del trabajo especialmente en un mundo laboral en transformación, como establece el documento en estudio. Además, ha recortado los salarios de las y los Docentes, suprimiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente que había sido parte de su salario durante más de 25 años, eliminando el presupuesto destinado a ello”.

A continuación, sostuvo que “es crucial señalar que el Estado argentino, a través de los masivos despidos y la eliminación de áreas gubernamentales, está violando concretamente el convenio en estudio, al vaciar las políticas destinadas a favorecer una administración del trabajo eficaz. El 60 por ciento de los Trabajadores son informales”. 

Luego se preguntó:  “¿Qué pensarían los participantes de esta Conferencia si algunos de sus miembros afirmaran que la justicia social es una aberración? Con mucho pesar y vergüenza, quiero decirles que es uno de los principios rectores del actual Gobierno argentino, que debemos rechazar de forma unánime”.

“Para finalizar, quiero destacar que si buscamos la creación de un futuro más inclusivo y justo, debemos asegurar desde esta casa que nuestros sistemas de administración del trabajo sean capaces y eficientes para enfrentar un mundo laboral en constante transformación, a través de la planificación, el diálogo social y la concreción de la justicia social”, concluyó Baradel.