De acuerdo con la información oficial, son aproximadamente 3000 los y las profesionales en esta situación, y hasta el momento ya se han emitido más de 400 intimaciones digitales, facilitando vías de comunicación y alternativas tanto para iniciar la matriculación como para rectificar los datos en el caso de aquellos que ya no desarrollen tareas profesionales o no lo hagan en el ámbito bonaerense

El texto de la intimación, establece un plazo perentorio de cinco días para que quienes estén ejerciendo la profesión en la provincia procedan a iniciar el trámite de matriculación. En caso contrario, se les solicita que informen mediante una Declaración Jurada si no se encuentran ejerciendo la profesión o si lo hacen fuera de la provincia, detallando lugar de trabajo y bajo qué matrícula lo hacen.

“Se le recuerda que la matrícula otorgada oportunamente por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires ha perdido absoluta vigencia por imperio de la Ley 15.200/2020, resultando ilícito e ilegal laborar en tareas específicas como Terapista Ocupacional con dicha matrícula”, señala el texto oficial.

El comunicado también advierte que la falta de matriculación habilita al Colegio a denunciar penalmente el ejercicio ilegal o irregular de la profesión, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley 15.200. A quienes habiendo sido notificados se nieguen a completar la Declaración Jurada, se les enviará una carta documento. En caso de persistir la falta de respuesta, se iniciarán acciones legales correspondientes. Además, se anunció una nueva instancia de contacto con quienes aún no han respondido a la intimación inicial, que incluirá llamados telefónicos y otras vías de comunicación directa, como paso previo a una instancia judicial.

Desde el CoTOBA indicaron que han recibido diversas respuestas: algunos profesionales afirmaron no estar ejerciendo actualmente o hacerlo en otras jurisdicciones, mientras que un porcentaje comenzó el trámite de matriculación y otro grupo solicitó asesoramiento para regularizar su situación.

Este operativo forma parte de una política institucional que busca garantizar que todas y todos los terapistas ocupacionales que trabajen en la provincia lo hagan en el marco de la ley y bajo las normas éticas y técnicas que exige la profesión. En ese sentido, desde la entidad que preside Claudia Spidalieri remarcaron que la matriculación no es sólo un requisito legal, sino también una herramienta fundamental para la protección del derecho a la salud de los pacientes y la seguridad de toda la sociedad.

"Contar con profesionales matriculados permite asegurar que quienes ejercen han acreditado su formación, respetan un código de ética y están sujetos a un sistema de control y actualización permanente. Además, la matrícula permite intervenir ante malas prácticas, promover capacitaciones y articular políticas públicas en defensa de una atención terapéutica de calidad", destacó la presidenta del CoTOBA