INVESTIGACION POR SEXTORSION

La causa fue iniciada en el mes de octubre de 2023. A poco andar los detectives de la DDI AZUL y la SUB DDI BOLIVAR lograron identificar los roles que cada uno cumplía. Los acusados se habrían puesto en contacto vía red social Facebook con la víctima y luego de varios intercambios de mensajería, audios y videos de índole sexual comenzaron a exigir a cambio de no viralizar el contenido pudoroso entre familiares, allegados y en redes sociales, cuantiosas y millonarias sumas de dinero y que las víctimas se vieron obligadas a desembolsar mediante transferencias.

Los investigadores, siguiendo directivas del doctor Lucas Moyano, Fiscal a cargo de la UFI 22 de Azul, lograron establecer la trazabilidad del dinero y luego de los allanamientos que realizara la policía de investigaciones el pasado 14 de Febrero en la Unidades Penitenciaria N° 7 de Azul, y en los domicilios ubicados en calle Belgrano 1483 y Castelli 1251 de Bolívar , diligencias que permitiera el secuestro de telefonía celular, previo análisis forense que realizaron los Gabinetes Tecnológicos, pudieron desentrañar la trama delictual.

Los acusados, Nievas y Juárez se encuentran purgando condena en la Unidad Penitenciaria 30 de General Alvear y 37 de Barker, respectivamente y el primero de ellos con régimen abierto, el cual con esta medida será revocado.

Eran los encargados de simular ser funcionarios policiales de alto rango, familiares de la víctima y abogado, mientras que las personas de sexo femenino Comas y Navone eran las encargadas de hacerse del dinero mal habido y reducir el mismo en compras de electrodomésticos y distintos bienes que iban haciendo llegar a los detenidos, obteniendo de ello redito económico. También se pudo establecer que entre Nievas y Navone, pese a la situación procesal de ambos, mantienen una relación sentimental.

La compleja causa investiga una seguidilla de hechos, todos de idéntico Modus Operandi y por la complejidad y contundencia probatoria obtenida por el equipo de investigadores que incluye no solo el análisis telefónico, sino que también los extensos movimientos financieros informados por distintas billeteras virtuales , pone a los acusados bajo una seria acusación por el delito previsto en el artículo 168 del Código Penal, que establece penas privativas de la libertad que van desde los cinco a diez años .